SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES (art. 116)

El estado de excepción permite suspender derechos como la libertad de circulación o el secreto de comunicaciones, mientras que el estado de sitio es más grave: el Gobierno asume todas las facultades extraordinarias y puede designar autoridad militar, aplicándose solo ante insurrección o actos contra la soberanía.

El Gobierno declara el estado de excepción mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. Dura máximo 30 días, prorrogable por otros 30 con los mismos requisitos.

Es una medida aplicable a personas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas, que permite ampliar la detención preventiva hasta 72 horas (o 10 días en estado de sitio) y suspender la inviolabilidad del domicilio y el secreto de comunicaciones.

Sí, el estado de alarma puede prorrogarse sin límite de veces, pero cada prórroga requiere autorización del Congreso, que establece los límites y condiciones.

En el estado de sitio se pueden suspender todos los derechos mencionados en el artículo 55.1 de la Constitución, incluyendo libertad personal (art. 17), inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), secreto de comunicaciones (art. 18.3), libertad de circulación (art. 19), y otros como libertad de expresión y reunión.